Esta madrugada el Consejo de Seguridad de la ONU tomó una decisión respecto a Libia. La decisión en cuestión parece autorizar ataques contra las fuerzas leales a Gadafi para evitar, se dice, que se ataque a la población civil. Estas medidas venían exigiéndose desde el mismo comienzo de las revueltas en Libia por parte de algunos países y una mayoría de medios de comunicación. Se decía que la falta de acuerdo en cuanto a atacar a Gadafi y respaldar a los rebeldes libios constituía un acto de cobardía por parte de los países occidentales. La ONU decide ahora dar ese respaldo a los rebeldes libios con la única limitación de no ocupar el territorio libio.
La gente corriente no conoce las leyes internacionales pero sí ve la televisión. Sobre esta base se han desarrollado los acontecimientos. Hoy Mariano Rajoy, por ejemplo, ha respaldado la intervención en Libia para "evitar que haya atentados contra personas y una masacre contra ciudadanos inocentes". Una curiosa forma de concebir una guerra civil y que constituye buen ejemplo del delirio argumental que respalda la decisión de la ONU: la idea de atacar a las fuerzas libias leales a Gadafi para evitar daños contra civiles. Es delirante porque una guerra civil es una clase de conflicto en que inevitablemente se producen daños a personas y en el que, como expuse la pasada semana, la delimitación entre civiles y combatientes es difícil y sumamente manipulable.
Los conflictos civiles son asunto de la estricta incumbencia de los países en que se desarrollan. Es un principio completamente elemental en el esquema de la soberanía de los Estados el que los gobiernos de dichos entes (sean o no democráticamente elegidos) gozan de total independencia para mantener el orden en su territorio. De hecho, el mantenimiento del orden, la capacidad de ostentar efectivamente el poder, fue en última instancia la única base de consenso por la que considerar legítimo a un Estado en el seno del concierto internacional. Es sabido: la original ONU pretendía ser un concierto mundial de democracias y finalmente hubo de conformarse con ser una organización de países amantes de la paz. Y para "amar la paz" no es preciso mucho más que así declararlo. Por eso, entre otras cosas, la Libia de Gadafi alcanzó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y por eso se entregaba algo como el Premio Internacional Al-Gaddafi de los Derechos Humanos. Puede que haya quien no lo sepa, pero debe quedar claro que la ONU no es una organización que represente a "la democracia".
Si la mayoría de los miembros de la ONU son Estados cuyos gobiernos son despóticos, no tiene demasiado sentido que se embarque en operaciones militares para favorecer la democracia. Además, la Carta de la ONU en su artículo 2.7 establece que la ONU no se atribuye ningún derecho a intervenir "en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados". Algo a lo que habría que añadir lo establecido por la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU respecto a la soberanía de los Estados, respecto a esos "asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los Estados":
Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado.
La Carta de la ONU establece en su capítulo VII los mecanismos por los que se podría emplear legítimamente la fuerza en el plano internacional. Los supuestos para iniciar acciones de fuerza contra un Estado son claros: "amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión". Y los objetivos de las medidas de fuerza de la ONU son aún más claros: "mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales". Resulta bastante más que evidente que en nada de esto tiene encaje el conflicto civil libio.
Cabe preguntarse si en Libia se está cometiendo un genocidio pues hay quien establece que el derecho consuetudinario internacional ampararía intervenciones humanitarias en los asuntos de un Estado soberano. En este caso, durante semanas, hemos asistido a una contínua serie de noticias sensacionalistas y gruesos titulares acerca de ejecuciones sumarias por parte de las tropas leales a Muamar Gadafi. Los periodistas se han podido mover con relativa libertad por territorio "liberado" por los insurrectos del este de Libia y no ha surgido ninguna información relevante, ni pruebas, de que las tropas de Gadafi cometiesen crímenes contra la Humanidad. Las pesquisas del Tribunal Penal Internacional y las opiniones de funcionarios de algunos Estados u organizaciones internacionales no pueden impresionar a nadie. Se trata de un proceso análogo al de la excomunión medieval: palabras gruesas. Se han movido resortes burocráticos con ánimo de ser espectaculares, nada más: no hay pruebas, no hay imágenes, no hay testimonios creíbles o suficientes para hablar de genocidio. Del mismo modo, tomar los discursos de amenaza de Gadafi sobre los rebeldes acantonados en Bengasi como una prueba de que planea un genocidio, en el ámbito de la legitimación de una medida internacional de fuerza, roza la parodia. Si ya es dudoso el derecho de la ONU a intervenir por razones humanitarias en un Estado soberano, imagínense para intervenir preventivamente por razones humanitarias. Un hecho insólito. Tan insólito como llamativo resulta que la OTAN, una organización de carácter militar, no haya decidido todavía tomar medidas de fuerza contra Libia mientras que la ONU, una organización que persigue la paz internacional, sí lo ha hecho.
La ONU, en conclusión, interviene en una guerra civil de un Estado soberano para alterar el curso de la misma. Un hecho prohibido por su carta fundacional y cuya defensa argumental durante estos días constituye un insulto a la inteligencia. Atacar a Libia para que gane el bando democrático no es legal. Atacar a Libia para impedir que su ejército reprima una insurrección no es legal. Considerar civiles a los rebeldes, pese a lo fácil que resulta, no es legal. Prohibir el uso de artillería/bombarderos o cualesquiera otras armas no prohibidas internacionalmente en el marco de una guerra civil no es legal. Basarse en rumores de crímenes de lesa humanidad y sin más prueba que éstos intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano no es legal.
Estamos, pues, asistiendo al linchamiento internacional de un Estado soberano que de ninguna manera se fundamenta, en tanto linchamiento, en derecho alguno. Una supresión de la soberanía de los Estados en nombre de una democracia que en la ONU brilla por su ausencia no puede ser más que una farsa. A mí, de momento, no me engañan. Las medidas tomadas contra la Libia de Gadafi, por sus pretensiones, son si cabe más ilegales que la invasión de Iraq en 2003. Tal vez alguien intente convencer al populacho de que la ley internacional es un completo fraude. De ser así lo celebraré.
"De modo que ninguno de los dos bandos practicaba la piedad y, por contra, mejoraba la reputación de quien con artificiosas palabras conseguía culminar con éxito una empresa odiosa" Tucídides.




