Despistes, absurda demagogia y toros

La irresponsabilidad de personas como Federico Jiménez Losantos y su conglomerado de Libertad Digital parieron el invento: un liberalismo sin liberales y un concepto de libertad irreconocible. Según Losantos, Libertad Digital y su entorno ahorrarían el paso por el fascismo a los jóvenes de derechas. A través de unos pocos puntos de referencia la derecha en Internet ganaría el "debate de las ideas". En esa línea, como es sabido, se distingue muy rápido Redliberal. ¿Y en qué quedó? Quedó en que los jóvenes, y no tan jóvenes, fascistas españoles han conseguido un disfraz para las obsesiones y exabruptos que en su ideología son característicos. Así, nuestros "liberales" se caracterizan por obsesivos y majaderos ataques al gobierno, campañas en favor de la confesionalidad del Estado, la siempre "cool" defensa de la anarquía de mercado (una farsa mediante la cual se puede plantear la vuelta al Antiguo Régimen a modo de viaje hacia el futuro) y la rememoración cansina de los tópicos del franquismo. En semejante revoltijo ya se pueden ver cosas tan sorprendentes como un presunto "liberal" perorando acerca de lo conveniente o inconveniente de votar a los carlistas tradicionalistas en las elecciones generales. Todo un tributo al liberalismo español que sangró y murió peleando contra los integristas cristianos y reaccionarios carlistas. No va más.

Este disparate nacional de convertirlo todo en una caricatura se ha podido ver estos días con relación a la cada vez más incorrectamente denominada "Fiesta Nacional". Ante el Parlamento de Cataluña podíamos ver a grupos de partidarios de la tauromaquia que gritaban en contra de la "dictadura" y a favor de "la libertad". No faltaron, como no, los voceros, tertulianos y todólogos que con voz grave o escandalizada nos advertían de la destrucción de los derechos fundamentales que se estaba operando. Está claro: si el Estado del Bienestar es el camino al stalinismo la supresión de la tauromaquia conducirá por lo menos al nazismo.

Pese a que el voto de los nacionalistas catalanes a favor de la prohibición de la tauromaquia tiene motivaciones secesionistas (como casi todo lo que hacen con publicidad) o incluso "antiespañolas" no es menos importante que la prohibición de la tauromaquia procede de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 200.000 firmas. Y que una iniciativa popular consiga llevar temas así a un parlamento es siempre una buena noticia para la democracia. De hecho, teniendo este origen la intención de prohibir la tauromaquia carece de sentido cargar las tintas contra el señor Montilla. Ni siquiera se puede hablar de una mala intención calculada en la libertad de voto permitida a los diputados del PSC por cuanto ni siquiera sumando a los noes los votos de quienes votaron sí o se abstuvieron sería posible rechazar la iniciativa.

Creo que en el mundo existe una visión incorrecta de la cultura española y la vida de los españoles. Ni somos unos mexicanos, como nos ven muchos anglosajones, ni somos unos fanáticos de la tauromaquia o el flamenco. Esta incorrecta forma de vernos se traduce en el gran seguimiento internacional a la noticia de la prohibición de los toros en Cataluña. Una forma incorrecta de vernos que comparten nuestros propios secesionistas: adictos a las caricaturas como los que más. Pero no debemos olvidarnos de cómo ve el mundo la tauromaquia que se realiza en España: y es que es un espectáculo morboso o barbárico. La supresión de esta práctica, cada vez menos popular, de matar ritualizadamente a un toro bravo no supone la muerte de "lo español" o España. España es mucho más. 

Sólo queda felicitarse por el éxito de una iniciativa popular y recordar, como he dicho, que España es mucho más que un conjunto de obsesiones patrioteras y pasadas de hora. España no es cuestión de cojones, que diría el sabio, y si tal es así... bien merecería desaparecer sin demasiado ruido. Otros pensamos que no ha de desaparecer, del mismo modo que defendemos la libertad. Lástima que por los de la mentalidad cojonuda, lástima que por los reaccionarios de toda la vida, tengamos ahora que lidiar con unos conceptos de libertad, sociedad civil o patriotismo que han sido objeto de extrema contaminación.

¿Para cuando una iniciativa popular que prohiba el sectarismo dentro y fuera de las plazas de toros?

"Las oposiciones son el más sangriento espectáculo nacional después de los toros." Gregorio Marañón

La no-sentencia del no-Tribunal Constitucional

Como es bien sabido, la sentencia del Tribunal Constitucional parida hace unas semanas ha servido para bien poco. El tiempo que el Tribunal tardó en pronunciarse sobre el Estatut catalán fue el suficiente como para que cualquier sentencia que emitiese fuese un fracaso. Y este fracaso representa un hito significativo en la senda de la destrucción del Estado español tal y como se le venía conociendo. Las naciones no caen por la separación física de metros cúbicos de tierra, agua y aire sino porque, en un determinado sentido, dejan de respirar. Y esta España que hace apenas una semana y media celebraba el éxito de la selección nacional de fútbol como si fuese una gran hazaña nacional no está menos asfixiada que hace un mes. Está, por decirlo al modo de Francisco Silvela, sin pulso.

La España sin pulso tiene tribunales, tienes legisladores y tiene un gobierno con sus ministros y presidente. Lo es todo y a la vez, a la hora de la verdad, no consiste en nada. Si las leyes justas y buenas pueden considerarse fiel reflejo de un pueblo que fuese a su vez justo y bueno (signifique lo que signifique) no es menos aventurado considerar que a veces leyes justas y buenas podrían no ser reflejo sino imagen inversa y fantástica del pueblo del que dicen emanar. Y este último es el caso de España. Una España que, para su vergüenza, no formó parte del proceso histórico de tránsito de lo moderno a lo contemporáneo más que a regañadientes, con reiterados retrocesos y por "imitación del gabacho o el alemán". Por referendum el pueblo español aprobó, por ejemplo, la malograda Constitución Europea y aprobaría hoy cualquier otra cosa que se le vendiese de la manera adecuada. Las tragaderas parecen no hallar límite porque la política no interesa más allá que como manifestación, en ocasiones exaltada, del amor por el pariente, el cliente y el amigo. Y semejante asunto de reunión gastronómica, despacho o alcoba no puede ser objeto de seria reflexión general: no ha lugar. En un mundo así sólo cabe el decir que sí o no a todas las decisiones y proyectos políticos trascendentes que se planteen y siempre de acuerdo a lo que dicte el sagrado juramento de la lealtad ciega o el odio visceral.

El Tribunal Constitucional es un tribunal politizado. Una circunstancia que nadie reflexivo podría ignorar pero que ante una mayoría podría pasar pacíficamente desapercibido. No en vano en países de más seria y prolongada tradición democrática sus tribunales constitucionales a lo largo del tiempo dictaron sentencias dispares sobre asuntos semejantes si no iguales. Además lo hacen sobre materias, muchas veces, de gran alcance político y que tienen múltiples y relevantes consecuencias. Es posible que un Tribunal que hace cosas semejantes sea respetado y tenido en cuenta igual que es posible con cualquier otro. La "magia" que se esconde tras las decisiones de un juez o un tribunal es lo que permite ocultar la amenaza que implican las leyes. Así, las leyes deben ser obedecidas porque lo dice un señor de toga y no porque el Estado tenga muchos funcionarios con la capacidad de hacerte daño, detenerte o encerrarte. Y esta ficción hace mucho bien a los gobiernos y a quienes viven bajo ellos pues hacen mucho más legal a la ley.

Sin embargo, tanto los reiteradísimos debates sobre cuotas partidistas en el Tribunal Constitucional español como la conveniente tardanza (para el gobierno y sus intereses electorales) en dictar la sentencia sobre el Estatut catalán han terminado por presentar al mencionado tribunal como un auténtico esperpento. Todos calculaban cuántos jueces conservadores y progresistas tendrían influencia en la sentencia y ya, al final, nadie esperaba que el Tribunal recortase seriamente el Estatut sino que se debatía sobre de qué forma podrían sacar una sentencia moderada. Y algo así ya no es un Tribunal y lo que emita ya no será una sentencia.

En efecto, la sentencia del Tribunal Constitucional constituye un refinado intento de adaptar a la constitucionalidad más laxa el órdago soberanista emitido desde Cataluña. En condiciones normales, la respuesta de un verdadero Tribunal Constitucional no sólo hubiese sido rápida sino contundente. El español, sin embargo, ha dado una respuesta tardía y suplicante. Y así no es Tribunal y no es sentencia. Porque para un Tribunal Constitucional poco importaría que el Estatut viniese respaldado por el voto del Parlamento Catalán, el Congreso de los Diputados y una parte del electorado catalán. Y no es sólo que estas cosas hayan sido tenidas en cuenta clarísimamente sino que ha habido quien ha sostenido abiertamente que el Tribunal Constitucional poco menos que no podía tener voz sobre una legislación respaldada por un plebiscito y una ley orgánica. El Tribunal debería haber dado una respuesta tajante ante estos gravísimos ataques. Al no hacerlo, al emitir una sentencia interpretativa y rebuscada, ha dejado clara su impotencia y, a la postre, su ineficacia en tanto Tribunal Constitucional.

Ninguna ley puede protegernos del despotismo. Al menos no puede defendernos por sí misma. Los textos normativos, su lenguaje y sus mecanismos pueden ser empleados de muchas maneras para subvertir el espíritu de las leyes o incluso la forma de gobierno de un país. La inventiva en este campo no conoce límite alguno. Si no existe una oposición clara, rotunda y militante a determinados atropellos los gobiernos, los legisladores y los tribunales acabarán por cometerlos, ampararlos o justificarlos. De hecho, se ha llegado a tal extremo en que un Montilla puede acudir a la sede del gobierno del país a realizar afirmaciones de traición a la Constitución que, de un modo u otro, prometió o juró defender. Unas afirmaciones que no obtienen respuesta. No la obtienen porque no conviene al gobierno el contradecirlas por sus intereses electorales en Cataluña. Y por esta circunstancia existen los tribunales constitucionales y no por otra: para que la acatación de la ley dependa de la propia ley y no del oportunismo electoral que es cosustancial al político. Y, como he dicho, al final nosotros los españoles no tenemos de eso. 

La destrucción del Estado, pieza a pieza, ya lleva en marcha mucho tiempo. Hoy, como ayer, la visión de la ruina del mismo no puede ocultarse ni con los éxitos deportivos en ultramar ni con las sombrillas veraniegas.  Tampoco lo ocultarán los parloteos de quienes viven entre los arcanos del leguleyo oportunista e inventor de enjuagues para el poderoso. La "sentencia" del Tribunal Constitucional y las reiteradas llamadas al incumplimiento político de, incluso, esa débil declaracion del mencionado Tribunal son hechos de la mayor gravedad y que dejan bien a la vista el régimen de anoréxica legalidad bajo el que vivimos.

Los impuestos, mientras tanto, se seguirán cobrando puntualmente. O no. Al César lo que es del César.

"Cuando visito un país, me preocupa menos conocer cuáles son sus leyes que saber si se aplican." Montesquieu.

YO SOY ESPAÑOL

Hoy la selección española de fútbol juega por primera vez en su historia una final de la Copa del Mundo. No se trata de ninguna tontería porque el fútbol es uno de los deportes que, de forma prácticamente universal, atrae a más gente. Se puede ser campeón de todo en waterpolo, fútbol sala o balonmano (como lo ha sido ya España), pero la repercusión de ganar un Mundial de fútbol es casi inigualable. La victoria, o derrota, de la selección española de fútbol hoy a las 20:30 horas será vista como propia por muchos millones de personas. Es la guerra.

Eventos futbolísticos como el Mundial o la Eurocopa constituyen una catarsis colectiva que raya en el simulacro bélico. Personas que normalmente ignoran cuanto sucede en el fútbol profesional o que incluso lo detestan (madres, novias, amigos...) con motivo de estos acontecimientos se unen a la corriente de hinchas de la selección con la esperanza, tal vez, de sentir el triunfo y la gloria que su vida les niega o raciona con severidad. El fútbol, como todo deporte, mueve a las personas y les lleva a estados de ánimo extremos: de la tensión al entusiasmo y del entusiasmo a la tristeza. Y esto tiene un gran valor.

En nuestro mundo contemporáneo el uso político del deporte se ha visto como algo típicamente fascista/despótico (no en vano fue la Italia de Mussolini una pionera en este campo, seguida años después por la dictadura argentina) pero tanto aproximaciones buenistas recientes como la realidad del día a día del fútbol mundial vienen a contradecir dicho sesgo ideológico. En campeonatos de fútbol de selecciones nacionales se desarrollan sentimientos de unidad, y combativos, que pueden muy bien ser interpretados o instrumentalizados por cualquier proyecto político: sea mejor o peor. No en vano los sentimientos que la gente desarrolla durante esos campeonatos son los del patrioterismo: una aproximación sentimental sumamente volátil y maleable.

En la España del Estatut o, más aún, la España de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut (una muestra colosal de impotencia moral frente al nacionalismo periférico) que España esté por disputar una final del Mundial de fútbol se antoja una divertida contradicción en el plano emocional. Una contradicción que los partidarios del separatismo en España han visto perfectamente. Ya ocurrió en la Eurocopa de 2008, ganada brillantemente por la selección española: representantes del nacionalismo periférico y de las opciones más rupturistas no tenían problemas en decir a la prensa que apoyaban a las selecciones que se iban enfrentando a España. Que España ganase la Eurocopa fue un jarro de agua fría para ellos, si España gana el Mundial no sabremos de ellos en unos meses.

Los colectivos de homosexuales realizan en España, y otros países, campañas a favor de lo que ellos llaman "visibilidad". La visibilidad consiste en que esas personas puedan actuar conforme a su naturaleza en espacios públicos sin que nadie les reprenda, agreda o mire excesivamente mal. En España, tal vez por culpa de los muchos años de dictadura y del carácter tradicionalmente disperso y caciquil de las regiones españolas, los símbolos nacionales que inevitablemente representa la selección española de fútbol; no tienen visibilidad. Defender símbolos que representan nada menos que a una democracia constitucional es tarea imposible, o peligrosa, durante todo el año en demasiados lugares de España. Esto, que constituye un escándalo nacional, se ve sin embargo total o parcialmente suspendido cuando se dan fenómenos como la Eurocopa o el Mundial. Es entonces cuando vemos en Cataluña, País Vasco o Galicia a cientos o miles de personas gritando por las calles la sentencia más terrible para los "nacionalistas libertadores y presuntos representantes del oprimido": "¡YO SOY ESPAÑOL!".

Hoy los separatistas en España apoyarán a Holanda como apoyaron antes a Alemania, Paraguay, Portugal, Chile, Honduras y Suiza. Tal y como están las cosas, si gana hoy la selección española se podrá decir que habrá ganado España. Por suerte y por desgracia lo patriotero no da para cambios legislativos. Esos cambios que tendrán que venir de la mano de otras estrategias. De todos modos el fútbol hoy puede darnos a quienes vivimos donde el separatismo arma ruido una pequeña gran alegría.

Imagen que puede verse en pegatinas y carteles en estos días por Galicia:

"Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, al fútbol se lo debo" Albert Camus.

La corrosiva ficción del buen funcionario

Hubo una mala reacción a mi último artículo. Dicha mala reacción ha sido protagonizada por una serie de comentarios por parte de funcionarios, algunos de ellos bloggers amigos. Por la extensión de la respuesta que me merecen sus comentarios he decidido hacerla a través de un artículo.

La idea de un sistema de oposición exigente, aún con sus problemas inherentes, es correcta. Las alternativas son peligrosas y hacen más sencillo el nepotismo y el clientelismo. No se pone en duda la utilidad de semejante acceso para el ejercicio de funciones públicas. El problema está en qué funciones son esas. Y he aquí un problema, grave, de mentalidad. Y esa mentalidad hunde sus raíces en la condena moral del riesgo y, en general, del capitalismo.

Es absurdo que haya oposiciones de 15-20 temas para ser un administrativo o un bedel/oficinista de bajo perfil de una institución. Este tipo de puestos representan un porcentaje importante del total de funcionarios (seguramente más de una tercera parte). Se trata de puestos de muy poco valor añadido en el que sin los incentivos de la competencia generan, precisamente, la parte del león de la mala fama de los funcionarios. Insistir en nociones de "amor a lo público", "eficacia indiferente" o, incluso, "patriotismo" es todo propaganda o autoengaño. En el plano de lo real todo eso importa poco en términos agregados y, en términos agregados, una persona que realiza labores de potencial alienante (rutinarias, sin repercusión, poco valoradas, etc...) en un régimen de estabilidad laboral absoluta tenderá a la total ineficiencia. Una persona que tenga que demostrar un rendimiento, actuará de forma diligente o será sustituída por una personas que sí lo haga. Es esto, y no nociones metafísicas o de "patrioterismo institucional", lo que garantiza unos buenos servicios públicos.

Resulta, pues, difícilmente defendible la figura del funcionario destinado a labores menores o administrativas que además se encuentra blindado frente al despido. A raíz de esto carece de sentido establecer difíciles oposiciones para estos trabajos. Como carece de sentido, por supuesto, que el sector público pague a dichas personas más dinero que la media del sector privado para un puesto análogo. Tales personas deberían más bien ser objeto de contratación laboral por parte de la Administración Pública.

Otra cosa muy distinta son los funcionarios con capacidad de influir en los asuntos públicos. o asumen una gran responsabilidad Tales funcionarios es del todo lógico que accedan a sus puestos de una manera complicada. Sin embargo también en este caso se presentan problemas sistemáticos. Tal es el caso de aquellas personas que acceden a la judicatura, por ejemplo, directamente desde la licenciatura de Derecho. Esto es: aquellas personas que sin ninguna experiencia profesional acceden a cargos de juez o cargos públicos intermedios en otras instituciones. No hace falta ser excesivamente suspicaz para comprender los problemas que esto entraña. Creo que efectivamente las oposiciones complejas son útiles, pero que por sí solas no generan los efectos deseados. No en vano tienen sus propias disfunciones. Hace falta siempre algún tipo de meritocracia sobre el terreno y de fomento de verdaderas carreras de servicio al Estado. No hablamos de un estrecho "cursus honorum" en que el escalafón y sólo el escalafón lo determine todo. Hablamos simplemente de que, por ejemplo, sea la vía principal  (y no residual) para acceder a la judicatura el haber servido de fiscal o de abogado durante un determinado período o  haber alcanzando una serie de logros en su profesión. En un país en que un estudiante de Derecho es nombrado asesor de un Consejero de Economía y Hacienda esto es difícil de comprender. Por esto se recurre a la pretendidamente infalible noción del esclavo del estudio o el loro repetidor. Y eso, como he dicho, no es suficiente de cara a los objetivos pretendidos: que la Administración Pública esté conformada por gente capacitada y profesional. De hecho,  es razonable sospechar que entre las masas de "opositores de éxito" no son pocos los bastante incapacitados para una labor profesional sometida a algún tipo de control de rendimiento. 

Evidentemente, los funcionarios que acceden a sus puestos a través de "puertas traseras", leyes ad hoc y procedimientos "digitales" o con información privilegiada se critican por sí solos.

En España, y sobre todo en el contexto de la crisis actual, decir que una persona que decide dedicar varios años a preparar un difícil examen de oposición está realizando un sacrificio profesional es incierto en un porcentaje significativo de los casos (el caso del profesional cualificado que renuncia al mercado laboral por realizar una oposición estamos ante el mismo problema: pérdida de productividad). Hablamos de mucha gente licenciada en una infinidad de disciplinas sin salidas laborales. También hablamos de gente que está dispuesta a seguir estudiando lo que haga falta para obtener un puesto de trabajo completamente estable: sin más consideraciones. Esta mentalidad, lejos de ser valiente es un sencillo cálculo financiero. Según dicho cálculo es más rentable la renta perpetua que promete una oposición exitosa dentro de dos años que una renta variable de duración indeterminada que se empezase a cobrar hoy.

Lo anteriormente descrito representa una vertiente más de la mentalidad del "rent seeker". Una mentalidad que, siendo del todo natural, representa un grave problema estructural si no se le pone freno. Porque un sistema que contiene un crecimiento del empleo público por encima del privado y que además establece remuneraciones por encima de la media del privado asegura la multiplicación constante de los perseguidores de rentas. Y esto implica que el sector privado se empobrece más y más hasta que la sostenibilidad del sector público empieza a ser amenazada. El drama es que, estando en una democracia, esto tiene unas repercusiones político-electorales que complican su solución o la retardan hasta la ruina absoluta. Una circunstancia que se ve perfectamente representada en la actitud de los sindicatos frente a empresas públicas ruinosas como RTVE. No sólo se lucha fieramente contra cualquier recorte de plantilla sino que con unas cuentas insostenibles se llama a aumentos de la plantilla: nuevas contrataciones. El conjunto de argumentos que entran en liza cuando un puesto de trabajo está blindado contra la competencia está claramente marcado por su tono político, combativo, que reivindica ni más ni menos que la negativa a acatar cualquier realidad dictada por el mercado. El Estado siempre existirá y se asume que siempre tendrá capacidad de gasto y sobre esta base se puede negar la necesidad de recortes y afirmar la necesidad, sean cuales sean la circunstancias, de aumentar la asignación. El recorte que lo hagan otros es el inevitable corolario de esta actitud. Esos otros, por supuesto, son los siempre sospechosos integrantes del sector privado o,  incluso, los funcionarios de otras instituciones o de otras regiones.

El problema es que la capacidad de gasto del Estado está hoy en serio peligro. El recorte impuesto a los salarios de los funcionarios, una medida de urgencia, es un esfuerzo por mantener esa capacidad de gasto que precisamente asegura los salarios de los funcionarios. Que la maltrecha situación actual sea culpa del gobierno (lo es) resulta en este punto bastante irrelevante. Centrarse en venganzas cortoplacistas resulta, pese a ser empeño de larga data entre los españoles, bastante bochornoso. El caso es que era necesaria una medida urgente y ésta se ha tomado. Encuestas al margen, parece que los propios funcionarios tienen bastante claro que la protesta pública por el recorte no estaba muy justificada. Es evidente: en un contexto de brutal desempleo, y deflacionario, los funcionarios siguen con su vida como si nada hubiese pasado. No son los culpables de la crisis, pero bien podrían ser visto como algo peor si pusiesen en peligro las finanzas del Estado. Los funcionarios retroceden ante la presión social, bien política ésta, mucho más que ante la mera razón económica elemental. Y esto es una estrategia de supervivencia grupal que, además, se ha visto mediatizada por la ideologización de los sindicatos mayoritarios (renuentes a hacer pinza con el PP contra el gobierno). Algo, por cierto, que es irónico puesto que un feroz ataque al gobierno por parte de los sindicatos eventualmente apoyado por la derecha mediática sería precisamente la base para una recuperación electoral del PSOE.

Los funcionarios no son héroes por definición ni tampoco son profesionales  intachables en tanto se hacen con su plaza tras difícil oposición. Del mismo modo, tampoco son villanos o vagos sin remedio. Sencillamente son personas corrientes. Y las personas corrientes actúan de forma parecida ante determinadas situaciones, bajo determinados incentivos. Es objetivamente bueno que un juez que realiza sentencias que condenan a personas multimillonarias tenga asegurado un adecuado nivel de vida. Y también lo es que dicho juez sea inamovible. Ocurren cosas similares en cuanto a muchos tipos de funcionarios, qué duda cabe, pero no desde luego en cuanto a cargos de  bajo valor añadido, baja complejidad, apoyo o meramente administrativos. En esos casos debiera existir una flexibilidad laboral para asegurar un adecuado servicio público y una respuesta viable ante cambios en la necesidad o capacidad de pago de tales trabajos.

Concebir ideas como las aquí expuestas como un ataque contra la dignidad de los funcionarios deja en evidencia hasta qué punto ha llegado la ficción de que el Estado puede alterar la realidad de las cosas. Una ficción corrosiva que de no detenerse representa una seria amenaza no sólo para nuestro porvenir económico sino también para nuestra democracia.

La virtud está en un Estado que funciona y no en una nación de funcionarios.

"Sin embargo, espontaneidad es sencillamente otro nombre para un orden abierto a cambios. Cuando el cambio se encomienda a algún orden restringido o cerrado –desde la instrucción militar o monacal a supuestas “leyes de la naturaleza”- el caos sigue allí, informando cada elemento y cada práctica, mientras el verdadero cambio –el que afecta a nuestra perspectiva- queda siempre postergado a un mañana remoto." Antonio Escohotado

El fracaso de una huelga de privilegiados

Ayer tuvo lugar la primera huelga general de funcionarios contra el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero. Guerra de cifras al margen, es evidente que la huelga, como tal, resultó un completo fracaso. Es muy posible que aproximadamente sólo uno de cada diez funcionarios secundase la convocatoria de los sindicatos contra el reciente decreto de recortes de gasto del gobierno.

Las razones para el fracaso de la huelga no suponen la definitiva pérdida de legitimidad de los sindicatos en tanto éstos nunca la tuvieron para hablar desde las "alturas" a las que nos tienen acostumbrados. No. La huelga supone la constatación de un hecho: hay demasiados funcionarios en España y ellos lo saben. No tiene mucho sentido que en un contexto económico en el que, al menos en teoría, millones de españoles son incapaces de encontrar trabajo el colectivo de funcionarios se eche a la calle exigiendo "lo suyo". Porque, en este contexto repito, la imagen de los funcionarios clamando en contra de los recortes del gobierno bien podría parecerse a aquél fenómeno de los mercenarios del siglo XVII que, "cobrándose" sus soldadas, arrasaban los países. No sería comprensible y tampoco los sindicatos parecían tener muchas ganas de concitar el odio que inevitablemente vendría después de un parón serio de los servicios públicos a manos de los funcionarios: esos privilegiados.

El problema en España, como siempre, no se cifra en el debate entre un modelo de liberalismo salvaje y un modelo soviético: realidades de pantomima que tanto gustan a los hinchas a ambos lados del espectro (más espectro que nunca, por cierto) de la política española. El problema es de privilegios. Esos privilegios que son completamente transversales y que, aparte de las fintas demagógicas de rigor, están en realidad completamente sustraídos del debate político en las instituciones. Y no, no hablamos sólo de los señores diputados o consejeros paseándose en sus Audis blindados. Hablamos de un mercado laboral, por llamarle así, en que existen todavías unas dosis de mercantilismo, localismo, enchufismo y, en suma, caros blindajes contra la eficiencia que son incompatibles con la supervivencia del Estado. Sólo el ladrillazo, tantos años dilatado, pudo pagar la cuenta de este desmadre institucional. El despertar de este disparate nacional promete ríos de tinta.

Cuando se habla de abaratar el despido a la gente le empieza a doler el estómago. De hecho, hay a quien semejante concepto le produce o bien un orgasmo caciquil o bien un vómito dizque antifascista. En realidad, como sugería, el debate es completamente falso. En realidad uno de cada cuatro asalariados en España pueden ser despedidos a coste cero: gratis total, que se dice. El resto, en contraste, se encuentran mucho más asegurados. Tanto, de hecho, que quienes no trabajan temporalmente sólo pueden ser considerados privilegiados. Y si nos referimos en concreto a los funcionarios, estamos ante nada más y nada menos que un 15% de la población activa que en mayor o menor medida no ven nunca peligrar su empleo. La diferencia entre estos últimos y los trabajadores temporales es colosal. De ahí el enorme fraude del debate "despido barato sí/despido barato no". El debate debería gravitar, más bien, alrededor de por qué en nuestro país existen diferentes castas de ciudadanos. Es tal el privilegio que la mayoría de las personas jóvenes de demasiados sitios de nuestro país afirman soñar con ser... funcionarios. Un "amor a lo público" que  aparentemente inspiraría los más elevados versos pero que en realidad esconde una enorme tragedia.

No hay crecimiento en devorarnos a nosotros mismos, en ningún sentido. No se puede convertir España en una masa de funcionarios paniaguados. El modelo del éxito demasiado tiempo ha sido el pastar en los presupuestos públicos. Llegados a este punto poco importa que la vuelta a la sensatez venga impuesta por Bruselas. Sin embargo esto anima el lamentable espectáculo demagógico de un Partido Popular que, como se ha dicho en este blog por activa y por pasiva, está echado al monte. Porque no sólo resulta que el PP se opuso a la reducción de gasto decretada por el gobierno por "cebarse con los más débiles" sino que ahora, se supone que ya no pudiendo ocultar que esa medida era algo así como inaplazable, cargan contra el recorte por "venirle impuesto a Zapatero desde Europa". El PP, pues, se muestra dispuesto tanto a llevar al país a la quiebra como a llevar su discurso hasta el antieuropeísmo. Olviden sus filias y sus fobias: esto es un  escándalo.

El gobierno baraja en estos momentos varias reformas de interés. Ahora viene el recorte laboral. Éste sí suscitará una huelga general que podría armar ruido. Un ruido, sin embargo, que parecen pretender diferir todo lo posible unos sindicatos con la prioridad puesta en el sectarismo (esto es: que temen por encima de todo el organizar una nueva pinza desde la izquierda que lleve a la derecha al poder) Otra posible reforma, más alejada del momento inmediato, se filtró la semana pasada: una drástica reducción de los municipios de España. Una medida que urge desde el momento en que el apaño financiero del ladrillo deja bien a la vista la insuficiencia de los ingresos corrientes de los municipios. España no puede permitirse un debate estatutario permanente, sí, pero tampoco puede permitirse más de ocho mil ayuntamientos con una deuda de 35.000 millones de euros. Es de esperar que una turbamulta de personas que trabajan para estos ayuntamientos, por no hablar de los rancios localistas, se opondrán ferozmente a semejante medida. Una medida razonable sería diferir la fusión formal de los ayuntamientos mientras sus competencias fuesen asumidas por las Diputaciones Provinciales: adecuadamente renovadas al efecto, por supuesto.

Nos esperan meses muy ruidosos. Sin embargo una cosa es segura: será el lamento de unos privilegiados. Y ésos, sin duda, están muy próximos a ser, como ayer y como siempre, los enemigos más formidables de nuestro porvenir.

"¿Significa progreso el que el antropófago coma con cuchillo y tenedor?." Stanislaw Jerzy Lec

Los israelíes no son piratas

El abordaje del Mavi Mármara difícilmente puede denominarse un acto de piratería desde el momento mismo en que embarcaciones o aeronaves israelíes debidamente identificadas no serían calificables como piratas en ningún caso. ¿Qué dice la Convención sobre Derecho del Mar de la ONU (una Convención que es Derecho Imperativo: no un tratado internacional más sino de alcance universal)?

¿Qué es la piratería?: (ART 101):

Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:

a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:

i) Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos;

ii) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado;

b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata;

c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o el apartado b) o facilitarlos intencionalmente.

¿Qué nave o aeronave es calificable de pirata? (ART 103):

Se consideran buque o aeronave pirata los destinados por las personas bajo cuyo mando efectivo se encuentran a cometer cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 101. Se consideran también piratas los buques o aeronaves que hayan servido para cometer dichos actos mientras se encuentren bajo el mando de las personas culpables de esos actos.

¿Cuándo una nave de guerra debidamente identificada de un Estado puede convertirse en pirata? (ART 102):

Se asimilarán a los actos cometidos por un buque o aeronave privados los actos de piratería definidos en el artículo 101 perpetrados por un buque de guerra, un buque de Estado o una aeronave de Estado cuya tripulación se haya amotinado y apoderado del buque o de la aeronave.

Pues bien: los soldados y naves israelíes no actuaron contra el Mavi Marmara guiados por ningún "propósito personal de depredación". Los soldados y tripulaciones israelíes no se habían amotinado contra sus mandos. La conclusión no puede ser otra que la armada israelí que intercepta y aborda el Mavi Marmara no puede ser calificada bajo ningún concepto como pirata. No hay ni por dónde empezar a acusar. Hablar de piratería es pura propaganda.

En realidad, como ya dije en este blog, los israelíes actuaron amparándose en el artículo 114 del Manual de San Remo de 1996 acerca del Derecho Internacional aplicable en el Mar durante conflictos armados. Dice dicho artículo:

114. Si el comandante de un buque de guerra sospecha que una nave mercante que enarbola un pabellón neutral tiene en realidad carácter enemigo, está autorizado a ejercer el derecho de visita y registro, incluido el derecho a desviarlo para registrarlo, según lo dispuesto en el párrafo 121. 

Así que no sólo los israelíes no podrían ser ni lejanamente tachados de piratas en sus actividades sino que existen, como se ha visto, razones de peso para considerar irreprochable la decisión de abordar el Mavi Marmara y sus buques acompañantes en tanto dicha flotilla intentaba burlar un bloqueo legítimamente establecido dada la hostilidad entre Israel y Hamas, que controla Gaza.

Las ansias de verter bazofia contra Israel son inagotables, pero hay cosas que caen por su propio peso y resulta asombroso que los medios de comunicación colaboren en dar alas a tamaños disparates.

Para finalizar quiero celebrar la dimisión de Helen Thomas tras sus intolerables palabras acerca de Israel en las que consideraba que los israelíes debían "volver a sus casas" e irse de Oriente Próximo. Tamañas palabras son de las cosas más duras que puedan decirse a los israelíes: un pueblo forjado, entre otras cosas, por la huída de millones de judíos de la Europa que fue el lugar de su pesadilla; nada menos que el Holocausto, señores. Está bien que declaraciones de tan bajo nivel, tan miserables, tengan su castigo. En EEUU es posible: veríamos qué ocurriría en España y otros países similares. Seguramente los aplausos serían ensordecedores. ¡País!

"Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien." Victor Hugo.

La guerra de la prensa contra Israel: recordando los inicios

El 10 de Junio de 1982, en el Beirut Oeste, los portavoces de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) hacían balance del conflicto mantenido con Israel en el Líbano. Su información: 600.000 palestinos habían muerto hasta el momento. Los medios de comunicación reprodujeron sin rubor la cifra, como en futuros conflictos los harían, para que, como en futuros conflictos, a pocos importase que luego la cifra fuese muy inferior (en este caso eran 10.000: sesenta veces menos). En ese momento, periodistas occidentales que cubrían el conflicto informaban a sus países que el Beirut "devastado por los israelíes" nada debía envidiar a Stalingrado o Berlín. Más y más informaciones sobre "bombardeos indiscriminados" israelíes llegaban a los medios. Se publicaban fotografías de edificios destruídos pretendiendo que eran representativos de toda una zona, pueblo o ciudad cuando el resto de la zona estaba intacto. Ruinas de la guerra civil libanesa, creadas por la OLP a más señas, eran mostradas como producto de los bombardeos israelíes. 

La OLP filtró a la prensa la fotografía de un bebé de siete meses que aparentemente había sufrido la amputación de sus brazos a causa de un bombardeo israelí. Dicha imagen fue publicada por el Washington Post,como en otros periódicos, en portada causando gran impacto incluso en el presidente Reagan. Cuando se descubrió que era una foto preparada la rectificación fue publicada en la decimocuarta página del diario norteamericano. 

US News y World Report publicaban la fotografía de una mujer árabe llorando ante la tumba de su hijo. Se afirmaba que el hijo de esa mujer había muerto a causa de la invasión israelí cuando, leyendo la lápida que figuraba en la fotografía, aquel hombre había muerto en 1980: dos años antes de la invasión israelí. 

El International Herald Tribune, citando acríticamente a la OLP, se refiere al bombardeo del 12 de Agosto sobre Beirut Oeste diciendo que fueron arrojadas por los israelíes nada menos que 44.000 bombas. Otros medios asumieron estas cifras. Unas cifras que, asumiendo que el bombardeo duró once horas, significan que los israelíes arrojaron más de 70 bombas por minuto. Dado que por entonces las fuerzas aéreas israelíes contaban con 600 aparatos destinados en varios frentes; una estimación realista del número de aviones que podrían destinarse al mismo tiempo a un solo objetivo (la mitad), el número de salidas que podrían hacer en once horas (tres) y el número medio de bombas que portaría cada aparato en cada salida (cuatro) nos da un máximo total de salidas de 900 y, por tanto, de 3.600 bombas: muy lejos de las 44.000 de que se informaron.

Es importante saber que los periodistas que no tenían permiso de circulación de la OLP en el Beirut Oeste eran encarcelados y los que sí tenían dicho permiso se cuidaban mucho de informar negativamente sobre los terroristas palestinos. La guerra del Líbano fue el comienzo de la masiva guerra de propaganda contra Israel que llega a nuestros días. Las razones para ello fue el boom de las cámaras de filmación modernas junto con la existencia de las imágenes a todo color. Arafat y su OLP se mantuvieron, derrotados militarmente desde hacía mucho, en el Líbano pues estaban convencidos de que, teniendo a la prensa de su parte, podrían forzar un baño de sangre lo suficientemente grande como para obligar a EEUU a imponer una retirada Israelí.

Las actitudes periodísticas renegadas y de útil cobardía respecto al sector islamista, en contraste con una presunta valentía en denunciar "los crímenes de Israel", se siguen dando en la actualidad. Los medios de masas occidentales continúan siendo presas de sus apetitos sensacionalistas y de una tendencia éticamente dudosa a satisfacer a su vez los apetitos antisemitas de buena parte del público. Hoy mismo nos desayunamos, por ejemplo, con las autopsias de los activistas abatidos por soldados israelíes en el Mavi Marmara. La primicia consiste en que los mencionados activistas murieron por múltiples impactos de bala a quemarropa. Una primicia, pues, que nada tiene de impactante o escandaloso en la medida en que el marco de un linchamiento o forcejeo en que peligró la vida de los soldados israelíes es lógico que los disparos fuesen a quemarropa. El escándalo porque los mencionados balazos fuesen en partes sensibles del cuerpo de los fallecidos linchadores del Mavi Marmara sólo puede concebirse como broma. Por otra parte, la cobertura mediática acerca de las opiniones de los activistas españoles presentes en el Mavi Marmara vendría a equivaler a que un medio de comunicación cualquiera se interesase por las opiniones de un skin-head recién salido de la cárcel. Mienten, es todo un circo.

"Hay mucho que decir en favor del periodismo moderno. Al darnos las opiniones de los ignorantes, nos mantiene en contacto con la ignorancia de la comunidad" Oscar Wilde.

PS: la armada israelí abordó hoy otro barco que pretendía burlar el bloqueo de Gaza: el Rachel Corrie. El titular que da a la noticia de El País me parece elocuente: "Israel aborda pacíficamente el Rachel Corrie". Antena 3 nos comenta a esta hora, en todo tranqulizador, que "no hay heridos". ¿Qué significa todo esto? Que las intenciones agresivas u homicidas se le presuponen a Israel, como siempre. Porque la noticia debería ser más bien que los tripulantes del Mavi Marmara eran agresivos y los del Rachel Corrie no. Agresivos, por cierto, hasta el punto de responder a las llamadas de la flota israelí con un "Vuélvete a Auschwitz". Punto y final.