La idea de un sistema de oposición exigente, aún con sus problemas inherentes, es correcta. Las alternativas son peligrosas y hacen más sencillo el nepotismo y el clientelismo. No se pone en duda la utilidad de semejante acceso para el ejercicio de funciones públicas. El problema está en qué funciones son esas. Y he aquí un problema, grave, de mentalidad. Y esa mentalidad hunde sus raíces en la condena moral del riesgo y, en general, del capitalismo.
Es absurdo que haya oposiciones de 15-20 temas para ser un administrativo o un bedel/oficinista de bajo perfil de una institución. Este tipo de puestos representan un porcentaje importante del total de funcionarios (seguramente más de una tercera parte). Se trata de puestos de muy poco valor añadido en el que sin los incentivos de la competencia generan, precisamente, la parte del león de la mala fama de los funcionarios. Insistir en nociones de "amor a lo público", "eficacia indiferente" o, incluso, "patriotismo" es todo propaganda o autoengaño. En el plano de lo real todo eso importa poco en términos agregados y, en términos agregados, una persona que realiza labores de potencial alienante (rutinarias, sin repercusión, poco valoradas, etc...) en un régimen de estabilidad laboral absoluta tenderá a la total ineficiencia. Una persona que tenga que demostrar un rendimiento, actuará de forma diligente o será sustituída por una personas que sí lo haga. Es esto, y no nociones metafísicas o de "patrioterismo institucional", lo que garantiza unos buenos servicios públicos.
Es absurdo que haya oposiciones de 15-20 temas para ser un administrativo o un bedel/oficinista de bajo perfil de una institución. Este tipo de puestos representan un porcentaje importante del total de funcionarios (seguramente más de una tercera parte). Se trata de puestos de muy poco valor añadido en el que sin los incentivos de la competencia generan, precisamente, la parte del león de la mala fama de los funcionarios. Insistir en nociones de "amor a lo público", "eficacia indiferente" o, incluso, "patriotismo" es todo propaganda o autoengaño. En el plano de lo real todo eso importa poco en términos agregados y, en términos agregados, una persona que realiza labores de potencial alienante (rutinarias, sin repercusión, poco valoradas, etc...) en un régimen de estabilidad laboral absoluta tenderá a la total ineficiencia. Una persona que tenga que demostrar un rendimiento, actuará de forma diligente o será sustituída por una personas que sí lo haga. Es esto, y no nociones metafísicas o de "patrioterismo institucional", lo que garantiza unos buenos servicios públicos.
Resulta, pues, difícilmente defendible la figura del funcionario destinado a labores menores o administrativas que además se encuentra blindado frente al despido. A raíz de esto carece de sentido establecer difíciles oposiciones para estos trabajos. Como carece de sentido, por supuesto, que el sector público pague a dichas personas más dinero que la media del sector privado para un puesto análogo. Tales personas deberían más bien ser objeto de contratación laboral por parte de la Administración Pública.
Otra cosa muy distinta son los funcionarios con capacidad de influir en los asuntos públicos. o asumen una gran responsabilidad Tales funcionarios es del todo lógico que accedan a sus puestos de una manera complicada. Sin embargo también en este caso se presentan problemas sistemáticos. Tal es el caso de aquellas personas que acceden a la judicatura, por ejemplo, directamente desde la licenciatura de Derecho. Esto es: aquellas personas que sin ninguna experiencia profesional acceden a cargos de juez o cargos públicos intermedios en otras instituciones. No hace falta ser excesivamente suspicaz para comprender los problemas que esto entraña. Creo que efectivamente las oposiciones complejas son útiles, pero que por sí solas no generan los efectos deseados. No en vano tienen sus propias disfunciones. Hace falta siempre algún tipo de meritocracia sobre el terreno y de fomento de verdaderas carreras de servicio al Estado. No hablamos de un estrecho "cursus honorum" en que el escalafón y sólo el escalafón lo determine todo. Hablamos simplemente de que, por ejemplo, sea la vía principal (y no residual) para acceder a la judicatura el haber servido de fiscal o de abogado durante un determinado período o haber alcanzando una serie de logros en su profesión. En un país en que un estudiante de Derecho es nombrado asesor de un Consejero de Economía y Hacienda esto es difícil de comprender. Por esto se recurre a la pretendidamente infalible noción del esclavo del estudio o el loro repetidor. Y eso, como he dicho, no es suficiente de cara a los objetivos pretendidos: que la Administración Pública esté conformada por gente capacitada y profesional. De hecho, es razonable sospechar que entre las masas de "opositores de éxito" no son pocos los bastante incapacitados para una labor profesional sometida a algún tipo de control de rendimiento.
Evidentemente, los funcionarios que acceden a sus puestos a través de "puertas traseras", leyes ad hoc y procedimientos "digitales" o con información privilegiada se critican por sí solos.
En España, y sobre todo en el contexto de la crisis actual, decir que una persona que decide dedicar varios años a preparar un difícil examen de oposición está realizando un sacrificio profesional es incierto en un porcentaje significativo de los casos (el caso del profesional cualificado que renuncia al mercado laboral por realizar una oposición estamos ante el mismo problema: pérdida de productividad). Hablamos de mucha gente licenciada en una infinidad de disciplinas sin salidas laborales. También hablamos de gente que está dispuesta a seguir estudiando lo que haga falta para obtener un puesto de trabajo completamente estable: sin más consideraciones. Esta mentalidad, lejos de ser valiente es un sencillo cálculo financiero. Según dicho cálculo es más rentable la renta perpetua que promete una oposición exitosa dentro de dos años que una renta variable de duración indeterminada que se empezase a cobrar hoy.
Lo anteriormente descrito representa una vertiente más de la mentalidad del "rent seeker". Una mentalidad que, siendo del todo natural, representa un grave problema estructural si no se le pone freno. Porque un sistema que contiene un crecimiento del empleo público por encima del privado y que además establece remuneraciones por encima de la media del privado asegura la multiplicación constante de los perseguidores de rentas. Y esto implica que el sector privado se empobrece más y más hasta que la sostenibilidad del sector público empieza a ser amenazada. El drama es que, estando en una democracia, esto tiene unas repercusiones político-electorales que complican su solución o la retardan hasta la ruina absoluta. Una circunstancia que se ve perfectamente representada en la actitud de los sindicatos frente a empresas públicas ruinosas como RTVE. No sólo se lucha fieramente contra cualquier recorte de plantilla sino que con unas cuentas insostenibles se llama a aumentos de la plantilla: nuevas contrataciones. El conjunto de argumentos que entran en liza cuando un puesto de trabajo está blindado contra la competencia está claramente marcado por su tono político, combativo, que reivindica ni más ni menos que la negativa a acatar cualquier realidad dictada por el mercado. El Estado siempre existirá y se asume que siempre tendrá capacidad de gasto y sobre esta base se puede negar la necesidad de recortes y afirmar la necesidad, sean cuales sean la circunstancias, de aumentar la asignación. El recorte que lo hagan otros es el inevitable corolario de esta actitud. Esos otros, por supuesto, son los siempre sospechosos integrantes del sector privado o, incluso, los funcionarios de otras instituciones o de otras regiones.
El problema es que la capacidad de gasto del Estado está hoy en serio peligro. El recorte impuesto a los salarios de los funcionarios, una medida de urgencia, es un esfuerzo por mantener esa capacidad de gasto que precisamente asegura los salarios de los funcionarios. Que la maltrecha situación actual sea culpa del gobierno (lo es) resulta en este punto bastante irrelevante. Centrarse en venganzas cortoplacistas resulta, pese a ser empeño de larga data entre los españoles, bastante bochornoso. El caso es que era necesaria una medida urgente y ésta se ha tomado. Encuestas al margen, parece que los propios funcionarios tienen bastante claro que la protesta pública por el recorte no estaba muy justificada. Es evidente: en un contexto de brutal desempleo, y deflacionario, los funcionarios siguen con su vida como si nada hubiese pasado. No son los culpables de la crisis, pero bien podrían ser visto como algo peor si pusiesen en peligro las finanzas del Estado. Los funcionarios retroceden ante la presión social, bien política ésta, mucho más que ante la mera razón económica elemental. Y esto es una estrategia de supervivencia grupal que, además, se ha visto mediatizada por la ideologización de los sindicatos mayoritarios (renuentes a hacer pinza con el PP contra el gobierno). Algo, por cierto, que es irónico puesto que un feroz ataque al gobierno por parte de los sindicatos eventualmente apoyado por la derecha mediática sería precisamente la base para una recuperación electoral del PSOE.
Los funcionarios no son héroes por definición ni tampoco son profesionales intachables en tanto se hacen con su plaza tras difícil oposición. Del mismo modo, tampoco son villanos o vagos sin remedio. Sencillamente son personas corrientes. Y las personas corrientes actúan de forma parecida ante determinadas situaciones, bajo determinados incentivos. Es objetivamente bueno que un juez que realiza sentencias que condenan a personas multimillonarias tenga asegurado un adecuado nivel de vida. Y también lo es que dicho juez sea inamovible. Ocurren cosas similares en cuanto a muchos tipos de funcionarios, qué duda cabe, pero no desde luego en cuanto a cargos de bajo valor añadido, baja complejidad, apoyo o meramente administrativos. En esos casos debiera existir una flexibilidad laboral para asegurar un adecuado servicio público y una respuesta viable ante cambios en la necesidad o capacidad de pago de tales trabajos.
Concebir ideas como las aquí expuestas como un ataque contra la dignidad de los funcionarios deja en evidencia hasta qué punto ha llegado la ficción de que el Estado puede alterar la realidad de las cosas. Una ficción corrosiva que de no detenerse representa una seria amenaza no sólo para nuestro porvenir económico sino también para nuestra democracia.
La virtud está en un Estado que funciona y no en una nación de funcionarios.
"Sin embargo, espontaneidad es sencillamente otro nombre para un orden abierto a cambios. Cuando el cambio se encomienda a algún orden restringido o cerrado –desde la instrucción militar o monacal a supuestas “leyes de la naturaleza”- el caos sigue allí, informando cada elemento y cada práctica, mientras el verdadero cambio –el que afecta a nuestra perspectiva- queda siempre postergado a un mañana remoto." Antonio Escohotado
Concebir ideas como las aquí expuestas como un ataque contra la dignidad de los funcionarios deja en evidencia hasta qué punto ha llegado la ficción de que el Estado puede alterar la realidad de las cosas. Una ficción corrosiva que de no detenerse representa una seria amenaza no sólo para nuestro porvenir económico sino también para nuestra democracia.
La virtud está en un Estado que funciona y no en una nación de funcionarios.
"Sin embargo, espontaneidad es sencillamente otro nombre para un orden abierto a cambios. Cuando el cambio se encomienda a algún orden restringido o cerrado –desde la instrucción militar o monacal a supuestas “leyes de la naturaleza”- el caos sigue allí, informando cada elemento y cada práctica, mientras el verdadero cambio –el que afecta a nuestra perspectiva- queda siempre postergado a un mañana remoto." Antonio Escohotado
