A estas horas en Honduras reina la calma. Toda la calma que puede reinar en uno de los países más inseguros del mundo. Un país de alrededor de 7 millones de habitales en el que el año 2008 las muertes violentas alcanzaron la cifra de 3.148 y donde existe una enorme cantidad de armas (legales e ilegales) en manos civiles. País, además, en que encuentran asiento las terribles "Maras". Ante esto, si hablamos de calma es porque el gobierno hondureño encabezado por Roberto Micheletti decretó el levantamiento del toque de queda a las 14:00 (hora española).La sucesión de incidentes y toques de queda producidos por la vuelta clandestina del depuesto presidente Manuel Zelaya el pasado lunes 21 de Septiembre degeneró ayer en diversos saqueos así como en la muerte de algunos manifestantes.
La locura institucional comienza en la madrugada del 28 de Junio cuando efectivos del ejército hondureño toman prisionero a Manuel Zelaya. Este acto de violencia dispara todas las alarmas de la comunidad internacional; que casi desde un comienzo se alinea en favor de Zelaya. Pero antes de esa fecha fatal se produjeron una serie de hechos que no despertaron tanto la atención internacional y que, desde luego, resultan determinantes para comprender el actual estado de "punto muerto" en las instituciones hondureñas.
Quienes respaldan a Zelaya y quienes respaldan a Micheletti se intercambian argumentaciones jurídicas diversas. Pero que no nos lleven a error: lo que está aconteciendo en Honduras es política en el sentido más primario. Tal es así por el simple hecho de que ambas partes en conflicto han demostrado en varias ocasiones un comportamiento despreciativo de cualquier norma.
En Honduras existe un coeficiente de Gini del 55,00. Pero Zelaya no es uno de los desfavorecidos. Manuel Zelaya pertenece a la clase alta hondureña y ha basado su carrera en un recorrido bastante ortodoxo por las más ortodoxas instituciones y grupos de poder de Honduras. Fidel Castro, en pocas palabras, no le hubiese considerado nunca "uno de los suyos". La carrera política de Zelaya fue siempre la de un miembro del centro-derecha y como tal (con una agenda de "ley y orden") fue escogido en las últimas elecciones hondureñas de 2005. Por esto, su "giro" hacia la extrema izquierda sorprendió a propios y extraños. No hablamos de alguien que pasa de calificarse liberal a llamarse socialdemócrata o incluso socialista. Hablamos de alguien que pasa de defender una agenda conservadora a ser partícipe de discursos de la extrema izquierda. Es cuando menos sorprendente, en definitiva, pasar de ser miembro reputado de la élite empresarial hondureña a finalizar las alocuciones al pueblo con un "hasta la victoria siempre". Un giro más dramático, si cabe, dado que Honduras tradicionalmente ha sido un fiel aliado de los EEUU. Y es que Zelaya adhirió al ALBA (alianza "bolivariana" contrapuesta al ALCA norteamericano) a Honduras.
Zelaya no es, entonces, el clásico "represaliado", antigüo guerrillero o "líder carismático del izquierdas" sino más bien una suerte de aristócrata hondureño. ¿Cómo es que ahora reclama su puesto en la extrema izquierda sudamericana? Algunos aducirán, inmediatamente, que se trata todo de una cuestión petrolera. Bien, es cierto, pero en Zelaya se reunen todas las condiciones del aspirante a déspota. Zelaya, como dije, es un adinerado hondureño que se ha engrandecido en el seno de las clases altas de un país extremadamente pobre: un país, como sugería antes, en que más de dos terceras partes de la población es pobre o muy pobre. En tales condiciones puede afirmarse que existe en Honduras un permanente ejército de desposeídos a la espera de que alguien lo encabece. Zelaya cultiva el populismo, es adinerado y contaba en teoría con apoyos políticos entre la clase dominante. Siendo así, Zelaya decidió llevar la legalidad hondureña a sus límites proyectando una consulta popular acerca de la conveniencia o no de establecer una Asamblea Constituyente para, evidentemente, la redacción de una nueva constitución para Honduras. Como apenas se molestó en ocultar, la importancia de semejante "consulta no vinculante" no era otra que avanzar hacia una reforma constitucional que hiciese posible la reelección de Zelaya como presidente de la República de Honduras (la Constitución de Honduras sólo permite un mandato, ni siquiera dos). El hecho de que la llamada "cuarta urna" fuese un proceso "no vinculante" no convenció ni a la Corte Suprema ni al Congreso de Honduras: que consideraron semejante propósito como "contrario a la Constitución". Por otra parte Zelaya decide destituír al general Romeo Vázquez cuando éste se niega a desobedecer la ley (en base al artículo 278 de la Constitución de Honduras). La Corte Suprema anuló esta decisión. Esta doble desautorización del presidente de la República y la negativa de éste a acatarlo dejó claro que la estrategia de Manuel Zelaya era la de los hechos consumados. No es difícil pensar, así, que una vez producida la consulta, si ésta daba por resultado un "SÍ" a la Asamblea Constituyente daría igual que hubiese sido dicha consulta vinculante o no: procediéndose en consecuencia a la reforma constitucional. Asimismo se extendió el rumor de que Zelaya planeaba un autogolpe. Esta lectura, más o menos acertada, parece confirmarse al menos en parte por las propias declaraciones de Zelaya y sus partidarios: que niegan de forma nada educada la legitimidad de los órganos del estado hondureño en tanto no se ajustan a sus objetivos.
Finalmente, la marcha de los acontecimientos, tras la decisión de Zelaya de realizar su consulta a cualquier precio, se precipitó. Un confiado Zelaya, que había pensado que cualquier amenaza a su desafío estaba desactivada (llegó a darle las gracias a EEUU por ello), fue detenido por el ejército el mismo día en que teóricamente iba a realizarse la consulta electoral. La detención fue respaldada por una Corte Suprema que se había visto desautorizada, tras desautorizarle, por el presidente Zelaya. Según la mencionada Corte, y quienes estuvieron de acuerdo con la defenestración de Zelaya, "se estaba defendiendo la Constitución". En efecto, del artículo 272 se deduce que en último término es el ejército hondureño quien garantiza la pervivencia de la constitución y, en concreto de los "principios de libre sufragio y la alternabilidad en el cargo de Presidente de la República". Nada se dice acerca de quién debe determinar la existencia de un peligro constitucional pero si ese alguien existe debería ser la Corte Suprema o, más específicamente, el hecho de que una resolución de la corte suprema haya sido desobedecida por el poder ejecutivo.
Empiezan a ocurrir cosas extrañas cuando, tras la detención de Zelaya, no se formulan cargos contra él, como en todo momento se sugería, y se le conduce en avión a Costa Rica. Este movimiento, afirma luego el ejército hondureño, fue una decisión exclusivamente militar para "evitar derramamiento de sangre". El siguiente paso fue nombrar sustituto para Zelaya: fue escogido, ilegalmente, como tal el hasta ese momento presidente del Congreso: Roberto Micheletti, perteneciente al mismo partido que Zelaya (el Liberal).
La elección de Micheletti es una ilegalidad por varias razones. Pero llama especialmente la atención el hecho de que fuese exhibida, en la sesión del Congreso que separó del cargo de presidente a Zelaya, una carta escandalosamente falsa de renuncia del depuesto presidente. Ilegalidades y falsedades todas éstas debidas al notable hecho de que en la larga constitución hondureña no está prevista la figura del "juicio político" por parte del Congreso. O lo que es lo mismo: no está previsto que el Congreso determine sucesor para un presidente salvo en casos de muerte, ausencia o incapacidad. Es por esto que el Congreso hondureño, con la mencionada carta, pervierte la ley fingiendo estar ante un supuesto de sucesión por incapacidad del presidente. Es, por tanto, desde este momento, en el que podemos hablar, ya sin temor a equivocarnos, de un golpe de Estado.
Ocurre, entonces, que en este caso ambos bandos incumplieron la ley pero sólo uno recurrió a la fuerza. El recurso a la fuerza podría estar justificado ante los actos de Zelaya, pero su legitimidad se diluye sin un posterior juicio a cargo de la Corte Suprema: que es la encargada (artículo 313.2 de la Constitución de Honduras), y no el Congreso, de enjuiciar los actos políticos del presidente de Honduras. Ante este conjunto de evidencias, resulta difícil no ver la existencia de una conspiración en contra de Manuel Zelaya. Pero no es menos cierto que Zelaya conspiraba contra la legalidad vigente. El hecho fundamental es la decisión de enviar a Costa Rica al despuesto presidente: un hecho que bien fuese realizado por los militares por su cuenta o bien fuese decisión de otros poderes es constitucionalmente indefendible (entre otras cosas porque la propia Constitución de Honduras prohíbe la expulsión de ciudadanos del territorio hondureño) y nos lleva a pensar en un golpe de estado.
Apenas dos días después del traslado ilegal de Zelaya a Costa Rica, quienes parecen ser responsables de dicho traslado emiten una orden internacional de arresto (!) contra él acusándole de 18 delitos (entre ellos los de "alta traición" y "abuso de autoridad") pretendiéndose además privar de la ciudadanía hondureña al mandatario depuesto en base al artículo 239 de la Constitución de Honduras. Sea de ello lo que fuere, dificilmente se cumpliría semejante orden de captura en tanto la práctica totalidad de la comunidad internacional se niega de plano a reconocer el gobierno de Micheletti. Éste, pasado el tiempo, se embarca en polémicas y negociaciones a través de la OEA (Organización de Estados Americanos: anterior pieza clave de la política anticomunista norteamericana en el cono sur y hoy en manos bien distintas) y diversos mandatarios de la región, declarando finalmente que habrá un proceso electoral el día 29 de Noviembre. Dichos comicios, salvo algún caso como el de Panamá, parece que no serían reconocidos por la comunidad internacional. En este sentido, la gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión de las ONU de no supervisar, y por tanto no convalidar, el proceso electoral de Noviembre en Honduras.
En la querella entre Zelaya y Micheletti se sucedieron los días y las semanas. Se sucedieron manifestaciones a favor y en contra de la vuelta de Manuel Zelaya. Pero terminó generándose, como suele ser en estos casos, una cierta apatía informativa hacia la crisis que el depuesto presidente trató de impedir mediante acciones provocadoras en la frontera entre Nicaragua y su país. Así las cosas, tras un relativo período de calma, este Lunes 21 de Septiembre Zelaya consiguió introducirse ilegalmente en territorio hondureño y llegar a Tegucigalpa; donde se refugió en la embajada de Brasil. Rápidamente, una muchedumbre de partidarios de Zelaya se agolpó en la zona y las fuerzas del orden hondureñas trataron de dispersarles, rodeando además el edificio de la embajada de Brasil. El toque de queda se convocó, como en otras ocasiones del verano, haciendo que en los últimos días se desatase entre la población el pánico ante un posible desabastecimiento: produciéndose consiguientemente una serie de saqueos a la sombra del caos político.
Han muerto algunos manifestantes y alguna persona "que pasaba por allí": muy pocos pese a la magnitud de la disputa política que está sucediendo y pese a las reiteradas denuncias, que se han producido sin cesar durante todo el verano, de "genocidio" (concepto del quealgunos hacen un abuso intolerable), "atrocidades" y "atentados contra los Derechos Humanos". Pero este tipo de denuncias tienen toda la pinta de ser interesadas exageraciones de hechos puntuales que, por otra parte, consituyen el "ruido" de fondo de los poco desarrollados estados centro y sudamericanos: donde policía o ejército son en ocasiones fuerzas bastante descontroladas y poco profesionales. Por otra parte, los partes policiales acerca de "fuego cruzado" o "tiroteos" con manifestantes partidarios de Zelaya están lejos de poder ser descartados como invenciones interesadas dado el elevado número de armas de fuego que están en poder (legal e ilegalmente) de los ciudadanos de Honduras. Puede decirse, bajando al plano de los incentivos políticos más primarios, que actualmente los muertos civiles no son algo que Micheletti se pueda permitir y sí sin embargo algo que a Zelaya le beneficia. Máxime si estamos, como expliqué previamente, ante una pugna entre violadores de la ley.
La explicación del general rechazo al gobierno de Micheletti no procede de un análisis serio de la legalidad hondureña por cuanto, en un principio, las actuaciones de Zelaya estaban claramente fuera de la ley y, es más, eran precisamente contrarias a la ley. El rechazo internacional procede de "las formas": básicamente el que militares armados asalten la casa del presidente. Esto, que tal vez fue inevitable, se convirtió, como ya dije, en intolerable en el momento en que a Zelaya se le mete en un avión hacia Costa Rica. Porque no es forma de tratar a un alto cargo de un Estado. En este caso, como en su día el respaldo de la inmunidad de Pinochet por parte del gobierno británico, el apoyo a Zelaya se basa en el respeto al mínimo decoro institucional. En pocas palabras: que ningún presidente de gobierno puede aceptar lo que ocurrió en Honduras porque no querría que le pasase a él. Porque si bien la teoría de un senil Fidel Castro (llegó a acusar a los norteamericanos de "ocupar Honduras") acerca de un "efecto dominó" de golpes "fascistas" contra los gobiernos de izquierda del continente americano es poco creíble, el exilio de Zelaya y la pacífica ascensión a presidente (por muy interino que sea) de Micheletti, en los términos que se produjo, serían un peligroso precedente.
Hoy, Micheletti ha aceptado la mediación internacional, pero el futuro de Honduras permanece en el aire. En todo caso se ha demostrado que, en último término, no hay ley o Constitución que pueda defenderse de la deslealtad de quienes en teoría las promueven o aplican. Es necesario algo más y máxime en lugares donde tanta gente vive en la pobreza o ve como ese estado por el que se pelean sus dirigentes, a veces tan infantilmente, es incapaz de garantizar el orden público en calles infestadas de criminales y pandillas. Mientras estos hechos no cambien, hablemos de Zelaya o cualquier otro, Honduras estará siempre abocada a ir de la anarquía al despotismo y del despotismo a la anarquía. Porque allí donde la ley son sólo palabras hace tiempo que la democracia es una farsa y no sólo eso, sino que, finalmente, la normalidad que asegura la corrupción (una mano lava a la otra) acabará por estallar por los aires. Eso, y no otra cosa, ha sucedido en Honduras. Se intercambian falacias jurídicas, se citan entre sí artículos y leyes, pero en el fondo nadie está del lado de la ley sino en "su bando". Y es que para unos la ley no importa cuando se trata de hacer la revolución, y para otros no importa cuando se trata de impedirla. El resultado es el mismo: el gobierno de los hombres y no de las leyes.
En cualquier caso, a día de hoy, el presidente legítimo de Honduras es Manuel Zelaya pero, mediando normalidad, debería ser juzgado por la comisión de graves delitos contra la constitución de su país. Lo más seguro, sin embargo, es que no suceda nada de eso. Por otra parte, no se puede finalizar sino señalando el evidente papel desencadenante de todos estos sucesos de la Venezuela liderada por Chavez: empeñada en un proceso, sin rival hasta ahora, dado el desinterés (tras la desaparición de la URSS) de EEUU por la zona, de construcción de una amplia "esfera de influencia". Un proceso que, en un momento u otro, culminará en la completa ruina de Hugo Chavez pero, desgraciadamente, la de muchos americanos inocentes.
"Los gobiernos, en general, no tienen sino dos medios de vencer la resistencia que oponen los gobernados: la fuerza material que tienen en sí mismos y la fuerza moral que les prestan los fallos de los tribunales.
Un gobierno que no tuviese sino la guerra para hacer obedecer sus leyes estaría muy cerca de su ruina. Le sucedería probablemente una de estas dos cosas: si fuera débil y moderado, sólo emplearía la fuerza en el último extremo, y dejaría pasar desapercibida una gran cantidad de desobediencias parciales; entonces el Estado caería poco a poco en la anarquía.
Si fuera audaz y poderoso, recurriría al uso de la violencia y, bien pronto, se le vería degenerar en puro despotismo militar. Su inacción y su actividad serían igualmente funestas para los gobernados. El gran objetivo de la justicia es sustituir con la idea del derecho la de la violencia, colocando intermediarios entre el gobierno y el empleo de la fuerza material."
Alexis de Tocqueville dixit.
Este artículo está dedicado con cariño a Celia, sin cuyos esfuerzos por hacerme madrugar este artículo no habría sido posible.
