viernes, abril 16, 2010

De los tristes destinos

Cualquiera que acceda a un Código Penal comentado podrá observar como los sucesivos artículos contienen redundancias y excesos jurídicamente poco comprensibles. Una circunstancia que se relaciona directamente con el uso populista que desde el poder legislativo siempre se ha hecho de la reforma legal. Y cito el caso de la Ley Penal por ser ésta la más llamativa para la ciudadanía y que, tras una oleada de crímenes o, incluso, un crimen muy llamativo facilita a los políticos el recibir los vivas de un pueblo escandalizado o asustado.

Sin embargo, los defectos de la legislación penal no sólo sirven para el solaz de un pueblo agitado. Dichos defectos, o más bien los defectos del pueblo, amparan un creciente desprecio por el individuo, el ciudadano. Un desprecio que se manifiesta en la multiplicación de normas dirigistas que, al final, no hacen sino caer aún más en el descrédito a quien las produce. Porque, avancen lo que avancen los medios de comunicación, la inflación normativa, la legislación de hasta cualquier pequeño detalle de la existencia humana, sólo puede llevar a un creciente desconocimiento de la ley por parte de los ciudadanos. Un desconocimiento que, en teoría, "no exime del cumplimiento de la norma" pero que, en la práctica, lleva a crecientes espacios de impunidad. Y eso, que puede ser asimilable por el sistema por un tiempo (tal vez mucho), conforme los esfuerzos legislativos se vuelven más específicos e imperativos se llega a una situación lamentable en que la ley se desdibuja hasta tal punto que los espacios de impunidad comienzan a abarcar los delitos más básicos, más lesivos. No hay duda: si el poder emite una norma debe poder hacer que se cumpla. Si no puede, es que ese poder ya no es poder. O lo que es lo mismo: que ese poder ya no es legítimo sino uno más.

Y vemos ahora en los medios de comunicación cierta alarma por un documento recientemente emitido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Hay quienes se escandalizan con esta "Ordenanza Marco". Es necesario señalar, por supuesto, que estos últimos también suelen hacer llamamientos a ignorar la ley cuando los sentimientos populares parecen demandarlo. Una y otra vez muchos salvapatrias, defensores de la decencia o incluso pretendidos adalides de la convivencia engañan a un pueblo que parece pronto a engañarse. Adulando los bajos sentimientos conducen una y otra vez a más y más leyes para canalizar el indisimulado deseo de la desobediencia de la ley en aquéllo que en el momento se antoje inoportuno. Un ejercicio tan provechoso para espíritus turbulentos y quienes encuentran sustento en las oscuridades jurídicas como letal para la democracia. Letal, al menos, para esa clase de democracia que se erige sobre ciudadanos responsables y no sobre meras exhibiciones de fuerza.

Cuando la FEMP elabora una ordenanza marco como la mencionada, en el contexto actual, es lógico sospechar. Porque no hace falta rastrear las actividades de asociaciones de aburrido propósito para ser conscientes de lo que está ocurriendo. Basta salir a la calle para comprobar la proliferación de una especie urbana que en otros momentos se mostraba menos visible: la policía local. Los agentes locales están más visibles que nunca interponiendo denuncias e imponiendo multas por doquier. Y es en estos servidores públicos y su renovado celo profesional donde se encuentra el peligro de la ordenanza marco de la FEMP. ¿Por qué? Pues porque uno puede darse un paseo por las ordenanzas vigentes del municipio en que habite y comprobar que desde hace años están sancionadas cosas que son difícilmente coercibles y casi completamente impunes. No es raro escuchar en medios de comunicación locales cosas como que "la Policía Local retomará el control de la legalidad sobre...". ¿Qué es esto? Se trata de la típica arbitrariedad del poder local: siempre falto de recursos pero sobrado de excusas para reglar, tasar y prohibir. No es extraño que se esgrima la defensa de "la libertad y la convivencia" para justificar sanciones de cientos de euros por las pamplinas más diversas. No sólo puede sancionarse severamente arrojar cosas al suelo sino prácticas tan perturbadoras como regar las plantas después de las 7 de la mañana y similares. Y está claro que sin una policía local que haya recibido órdenes muy precisas todos estos reglamentos serían sólo un monumento a la locura. Un monumento que, para escarnio del público, tantos y tantos municipios tienen a bien poner a relucir ni antes ni después de que aparezcan los números rojos en sus cuentas. Una práctica que, como decía, tiene un carácter tan caprichoso que difícilmente podría considerarse justo sin el concurso de la demagogia y la hipocresía a la que tan vulnerables son los colectivos humanos. Y máxime cuando el espíritu de un pueblo no es excesivamente democrático.

Hacen falta muy pocas leyes sancionadoras allí donde reina el respeto por la ley y el brazo del Estado es fuerte y diligente. En España es muy dudoso lo primero y desde luego no se trata del caso de lo segundo. Los poderes locales siempre y en todo lugar están sometidos a una inercia que les hace crecientemente enemigos de la democracia y es, precisamente, el poder lejano el único capaz de moderarlos. No sólo, tampoco, a través de leyes sancionadoras sino del mero sentido del propio interés que una estructura política racional puede establecer. Sin embargo, en España, la política se muestra en casi todos los frentes como algo disgregador y cuya arquitectura fundamental parece una suerte de reparto regido por principios muy lejanos a la eficiencia. El resultado de todo eso es el visible: un triste espectáculo en el que unas degradadas instituciones se debaten entre la megalomanía y la disolución. Y así, mientras la FEMP busca dinero, sin embargo, todo está en el aire. Nuestros próceres no quieren que la fiesta decaiga.


"Engañados grandemente vivirán los que crean que por no vocear los republicanos en las ciudades, ni alzarse los carlistas en la montaña, ni cuajar los intentos de tales o cuales jefes de los cuarteles, ni cuidarse el país de que la imprenta calle o las elecciones se mixtifiquen, o los Ayuntamientos exploten sin ruido las concejalías y los Gobernadores los juegos y los servicios, está asegurado el orden y es inconmovible el Trono" Francisco Silvela.