martes, marzo 16, 2010

De Cromwell a Garzón

Carlos I Estuardo, rey de Inglaterra, que había sido declarado culpable de "alta traición y otros altos crímenes" fue decapitado públicamente el 30 de Enero de 1649. Este regicidio asombró a Europa no tanto por la muerte del rey a mano de sus súbditos sino por no ser realizado en el silencio y disimulo del acto que se sabe criminal. La ejecución de Carlos Estuardo representó llevar a sus últimas consecuencias el principio de que antes que el rey está el reino. Un principio que reivindicaron un siglo antes los comuneros en Castilla. Pero ocurrió que, tras la muerte de Oliver Cromwell, se restableció la monarquía de los Estuardo en Inglaterra recayendo, por orden de Carlos II Estuardo, la venganza sobre las cabezas de quienes habían aprobado la condena a muerte de Carlos I. El problema que se encontró Carlos II es que los principales responsables de aquéllo estaban ya muertos. Un problema que el Estuardo resolvió ordenando, con motivo del duodécimo aniversario de la ejecución de su padre, la exhumación y ejecución de los cadáveres de Cromwell y otros. Así, el cadáver de Oliver Cromwell, después de ser arrastrado por las calles de Londres, fue colgado de un árbol junto con los cadáveres de los también ya muertos por entonces Henry Ireton (general parlamentario, testaferro y yerno de Cromwell) y John Brandshaw (juez que presidió el tribunal que condenó a Carlos I). Además, la cabeza de Cromwell fue cortada y puesta en un hierro que sería colocado en la abadía de Westminster: donde inicialmente había sido enterrado Cromwell con honores regios.

La bárbara decisión de Carlos II, no siendo algo que no hubiese ocurrido antes, representa un buen ejemplo de hasta dónde llega a veces el afán de venganza humano. Un apasionamiento que se manifiesta de forma particularmente habitual allí donde lo que está en juego es un poder relativa o completamente ilimitado. Pero un problema sobreviene cuando desde un poder limitado se persigue la venganza.

España, con sus muchos defectos institucionales, es una democracia. Dicha democracia procede, acrobacias doctrinales al margen, de una reforma del llamado estado franquista. No existió, y de hecho entonces se hacía mucho énfasis en ello, una ruptura respecto al régimen anterior. En ningún momento existió, así, un "vacío de poder" (célebre fue lo de "vamos de la Ley a la Ley"). Una circunstancia que, se quiera o no, determina el carácter de "reforma" y no de "revolución" de ese proceso que fue llamado "la Transición española". Un proceso bastante menos accidentado que el portugués: precisamente basado en la revolución o, más específicamente, el golpe de estado militar. Cuando se convocan en España las Elecciones Generales de 1977, legalizados los partidos políticos, las Cortes que salen del proceso aprueban una Ley de Amnistía que apuntala aún más, si cabe, el carácter moderado del nuevo régimen. Una amnistía amplísima que perdona delitos cometidos no sólo por los represaliados por el régimen franquista sino también por los funcionarios de éste.

La Ley de Amnistía de 1977, por supuesto, se trata de una ley de un carácter tan extraordinario como cualquiera que aprecie la seguridad jurídica se pueda imaginar. Una ley excepcional que evidentemente se enfrentó desde su promulgación, hasta la actualidad, con las críticas de muchos colectivos y personas. Críticas que se han visto reforzadas en los últimos tiempos por la anulación en Argentina y Chile de ciertas medidas legislativas que amparaban a funcionarios y militares implicados en atrocidades cometidas por las dictaduras de los países citados. 

Resulta sumamente ingenuo, y en consecuencia peligroso, considerar que un ordenamiento jurídico puede ser perfecto o estar completamente cerrado. Sería absurdo, por ejemplo, considerar que la propia evidencia de sus crímenes ajustició a los principales jerarcas del nazismo en Nurnberg (tuvo más que ver con eso la victoria de los ejércitos aliados). En realidad el derecho o la justicia toma la forma que, de un modo u otro, la mayoría le da. Una mayoría que puede mostrarse acertada o no pero que no decide merced a la "naturaleza del Derecho" o concepciones análogas. Y, sobre todo, una mayoría que se impone por la fuerza de la posición política que representa. Los miles de "desaparecidos" en Argentina y Chile, sin duda, constituían por sí solos un argumento contra las leyes de "punto final" que a la larga, bajo una democracia, se impondría. Y es en este punto donde los críticos de la Ley de Amnistía de 1977 tienen un problema: que a pesar de que la represión franquista afectó a no pocas personas, el carácter de esta represión sólo adquiere el adjetivo de "salvaje" en sus comienzos. El propio franquismo, como cualquier otra dictadura paternalista, tuvo una evolución desde un inicial frenesí represor a un estadío de creciente tolerancia, o menor castigo, de diferentes formas de subversión. Siendo así, el número de personas que podrían alegar un perjuicio grave y directo por parte de la represión franquista, a día de hoy, es muy limitado y, ciertamente, no pocas de sus demandas tienen el apoyo fundamental de partidos u organizaciones claramente extremistas. Y esto hace incomparable las situaciones de Argentina y Chile con la de España.

Durante los años que van de democracia tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han remarcado, de un modo u otro, la legitimidad de la Ley de Amnistía de 1977 y se han creado no pocas polémicas en torno a las reclamaciones de reparación de agravios por parte de familiares de represaliados por el franquismo. Así, por ejemplo, son muy famosas las demandas de revocación de sentencias de los tribunales franquistas por parte de diversas asociaciones y personas. Reclamaciones que se hacían fundamentalmente en base a las declaraciones parlamentarias de condena del franquismo o reconocimiento de los combatientes del bando republicano en la guerra civil. Pero los tribunales, una y otra vez, han dicho que no tienen autoridad alguna para revocar las sentencias dadas bajo el franquismo. Un hecho que sería un "juicio a la historia", una implícita crítica hacia la legitimidad de la democracia española y, de alguna manera, una forma de prevaricación judicial.

Baltasar Garzón, como es sabido, no tuvo todo lo anterior en consideración y, como Carlos II Estuardo, ha preferido salir en pos de una clase de justicia que favorece los titulares de prensa nacionales e internacionales. Una actitud la suya que se corresponde más con la vanidad del político que con la deseable sobriedad del juez. Una actitud que, finalmente, le ha llevado a ser acusado de prevaricación y, al parecer, no muy desacertadamente.

Puede que haya sombras de vergüenza en la Transición española, acaso un pecado original en forma de apaño, componenda o amnistía. Pero es un hecho que la política funciona así y que los procesos que pretendía emprender Garzón, ese juicio histórico al franquismo, entraña el trauma de un juicio político al actual estado español que no se ve compensado por la reparación de agravios que se lograría. Algo que excede las reglas de juego marcadas desde el comienzo de la democracia bajo la que vivimos actualmente. Una iniciativa política que no consistiría sino en la exhumación y ajusticiamiento de un franquismo ya enterrado por todos los españoles con cada año de convivencia democrática habido. En fin: ¿Cómo puede un juez creer que puede divagar, de forma tan artificiosa y oportunista, en torno a la legitimidad de las bases políticas del Estado al que sirve? Yo creo que de ninguna manera. De ninguna manera que sea legal, al menos, en este país.

Necesitamos jueces que sirvan al pueblo y no tanto a sí mismos.



"La venganza es una especie de justicia salvaje" Francis Bacon.

13 comentarios:

García dijo...

Borro mi comentario anterior, porque tenía mal el link.

Lo reescribo:

Estoy sustancialmente de acuerdo contigo, pero creo que el Tribunal Supremo va a tener serias dificultades para condenar a Garzón por el caso del Franquismo sin apuntarse a sí mismo. No sé si has leído la Sentencia del Supremo del caso Scilingo, pero la argumentación es similar a la de los autos de Garzón, anudando efectos interpretativos al Derecho Internacional Penal consuetudinario.

Te pongo link a la STS 19 abril 2005 (caso Scilingo).

García dijo...

Jo, qué desastre soy. La STS es de 1 de octubre de 2007. La que es de 2005 es la de la Audiencia Nacional.

ISIDORO LAMAS INSUA dijo...

No soy experto en la jurisprudencia en torno a los casos de delitos contra la Humanidad. Pero como digo en mi artículo, estimo que lo que hizo Garzón respecto a delitos contra la humanidad en otros países (aunque suene a contradictorio), ese ignorar las leyes de amnistía y demás, se le puede aplaudir o apoyar sin mucho trauma pero es bien distinto cuando ese tratamiento de las leyes lo aplica a la transición española. Es una amenaza directa a la base de la legitimidad del actual Estado de Derecho español y, de no haber conexión sentimental con el tema franquista, sin duda Garzón sería expulsado de la carrera judicial. De hecho, aunque no sea un concepto popular, Garzón anda en cierta medida metido incluso en una especie de actitud de rebelión respecto a la ley. Puede, en suma, que se libre, pero no tiene mucho sentido lo que ha hecho y es difícil aceptar los desafíos políticos que plantea su actitud.

García dijo...

Soy de la opinión de que el artículo 2.f de la Ley de Amnistía es interpretable. Lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con la interpretación que da Garzón (no creo que puedan entenderse excluidos ningún tipo de delitos), pero creo que pretender utilizar el Derecho Internacional Penal consuetudinario como criterio interpretativo no es absurdo (y mucho menos prevaricador). De hecho, como te digo, el propio Tribunal Supremo lo utiliza en la sentencia de Scilingo.

Además, en sí mismo no pondría en cuestión las bases del régimen actual en la medida en que el Franquismo nunca amparó de iure los crímenes contra la humanidad. Lo mismo dice el TS en Scilingo: los hechos enjuiciados eran delictivos en el momento de producirse, incluso en el seno de la dictadura argentina.

Otra cosa (que es en lo que estoy de acuerdo contigo) es la interpretación política de la actitud de Garzón. No dudo que es un tipo con ánimo "justiciero" al que en general le importa poco la ley.

Isidoro dijo...

"creo que pretender utilizar el Derecho Internacional Penal consuetudinario como criterio interpretativo no es absurdo"

Sí que es absurdo en el plano político. El llamado "derecho internacional penal consuetudinario" parece más bien recurso de quienes vencen en una guerra a otro Estado. Porque Garzón actúa directamente contra su propio Estado: no contra un gobierno o unos funcionarios (además todos ellos bien muertos), sino contra las decisiones nada menos que de las Cortes constituyentes. Y es que... ¿si las Cortes no podían hacer algo como la Ley de Amnistía porqué habrían de poder haber hecho una Constitución política para nuestro país? Este "escollo" no es ninguna tontería.

"el Franquismo nunca amparó de iure los crímenes contra la humanidad."

Técnicamente la mayor parte de las cosas que se hicieron por parte de Estados criminales lo hicieron ignorando cualquier tipo de restricción legal. No hacen falta leyes para algo como la "Solución Final". Iniciar un juicio histórico del franquismo desde el puesto de magistrado, sobre unos hechos que además se encuentran sobre todo relacionados con la guerra civil, no puede ser siquiera lejanamente comparado con los procesos en torno a la Alemania post-nazismo, Camboya, Ruanda, ex-Yugoeslavia.

玉苓 dijo...

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少菁 dijo...

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Castigador de los Demabobos dijo...

El único análisis cuerdo que he leído sobre este esperpéntico teatro al que estamos asistiendo.

Dhavar dijo...

Cuesta pensar que ese poner en cuestión las bases de legitimidad del estado y rebelarse contra la ley sea un ejercicio de Garzón por sí y ante sí, a lo "sólo ante el peligro"

No hacía falta ver el aquelarre de apoyo en la universidad para ver esto, Garzón jamás ha ido de sólo ante el peligro.

Así que sería interesante, manteniendo el argumentario, analizar quienes están en ese juego junto a Garzón.
Por ejemplo, plantear la Ruptura ahora, desde Moncloa, réditos electorales aparte, adónde nos conduce y para qué?

Tataratrosky dijo...

Hola Isidoro, soy nuevo aquí enhorabuena por tu blog. Me gusta tu post, eres bastante equilibrado en tus planteamientos y haces una buena aproximación al contexto del problema. Pero no estoy completamente deacuerdo con la visión que das de la legislación internacional. Garzón se ampara en el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional. Y tildar de políticos los crímenes de lesa humanidad es un lujo del que yo no estaría orgulloso. EL franquismo amparo los procesos de la posguerra civil en un vasto proceso de depuración política de dudosa ética. Al que además no es muy difícil seguir la pista, sino demos una vuelta por Salamanca, donde autos, dictámenes, condenas, actas y un sin fin de documentos ponen de manifiesto que el aparato estatal franquista dio cobertura a la persecución sistemática ideológica del final de la Guerra Civil.
No obstante coincido contigo en que el proceso no debió iniciarlo Garzón. Pero lamentablemente no veo a la audiencia nacional presentando acusación.
Por último decir que, nosotros no tuvimos Auchswitz o los gulags, pero eso no exime a nuestra historia de los delitos cometidos contra la condición humana.

ISIDORO LAMAS INSUA dijo...

Tataratrosky: antes que nada, gracias por tus amables palabras.

Los procesos del franquismo después de la guerra civil conculcaron derechos humanos, eso es innegable. Pero los tribunales españoles han rechazado la idea de que esos procesos fuesen "ilegales" o, al menos, que puedan anular sus resoluciones. A lo más que han llegado los jueces es, a través de votos particulares, negar legalidad a algunas disposiciones del bando nacional.

Y lo anterior, como dije en el artículo, se conecta directamente con la génesis del actual Estado español. Que no es fruto de ninguna reivindicación "republicana" o "izquierdista". No es tampoco fruto de un golpe de estado de las fuerzas antifascistas (como, mutatis mutandis, fue el de Portugal). Y estas cosas, elementos de la realidad política, explican la llamada ley de amnistía. Atacar todo eso por unos sucesos acaecidos hace 60-70 años es un puro acto político, difícilmente explicable desde el mero "sentimiento" o "indefensión" de familiares de represaliados del bando perdedor en la guerra. Y esos actos políticos, aún pudiendo contener muchas puntuales verdades, implican un coste político, e incluso jurídico, completamente ruinoso frente a los eventuales beneficios de atenderlos.

De cualquier modo el señor Garzón debería salir de la carrera judicial a la mayor brevedad. Nadie le ha votado y sólo alguien que ostentase esa condición (de representante popular) podría siquiera lejanamente soñar con llevar la "agenda" de actividades de ese señor. Es un peligro público.

Anónimo dijo...

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dfadf dijo...

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